Por: José Hugo Fernández

LA HABANA, Cuba, marzo (www.cubanet.org) – Lamento no compartir el optimismo de quienes, desde afuera o dentro de la Isla, ven en la sección Cartas a la dirección, del periódico Granma, un sustancial indicio de cambios en materia de apertura a la crítica periodística, o cuando menos una vía para que la población airee espontáneamente sus quejas y reciba respuestas sobre los asuntos que más le preocupan.

Quisiera no creer que cada respuesta a los lectores resulta cocinada mucho antes de que se publique la pregunta, y que la publicación, tanto de unas como otras, obedece a un esquema diseñado por los estrategas ideólogos del Comité Central del PCC. Así que tal vez la prelación de los asuntos no se determine por su gravedad o por el nivel de expectativa que despiertan entre la gente, sino por los dictados del régimen, del cual Granma es vocero.

Me gustaría confirmar si verdaderamente entre los más de seis mil mensajes con inquietudes de lectores que el diario dice haber recibido durante el primer año de existencia de Cartas a la dirección, no hay ni uno solo referido a la necesidad de que sea fomentada con urgencia en el país la pequeña empresa privada, o a que se cumpla sin más dilaciones la promesa oficial de eliminar medidas, mecanismos o disposiciones absurdos e inhumanos, sea en materia migratoria, sea sobre el desbarajuste entre salarios y precios, sea en torno a la falta de libertades elementales para pensar, elegir, reunirse, o expresarse públicamente.

¿Acaso ni uno solo de esos mensajes se refiere al hecho -irracional y paradójico, por lo menos- de que el régimen gaste enormes sumas de dinero en abogados y en propaganda internacional reclamando la liberación de cinco cubanos presos por espionaje en cárceles de Estados Unidos, mientras que en sus propias cárceles sufren, se enferman y mueren más de dos centenares de cubanos, cuyo único delito consiste en oponerse pacíficamente a la política del régimen?

Es cierto que en Cartas a la dirección se han ventilado otras cuestiones de interés menor o mayor, nunca, invariablemente, con incidencia de fondo político. Sobre todo, temas de carácter económico, pero muy puntuales, locales, y temas relacionados con la mala calidad de los servicios, con el burocratismo, los problemas de la vivienda, o la indisciplina social, entre otros que han sido sobradamente manejados y desatendidos por el régimen durante decenios.

Pero me daría por satisfecho si aunque fuera una sola vez lograse ver reflejada en esa sección alguna de las muchas preguntas sin respuesta que se barajan puertas adentro en Cuba.

Por ejemplo: ¿A qué lógica responde la decisión de exportar cemento hacia otras naciones en medio de la escasez de viviendas que padecemos por falta de materiales?

O, ¿por qué se nos impide el acceso a elecciones libres y pluripartidistas cuando hasta los más fieles cómplices y seguidores internacionales del régimen se las dispensan a sus pueblos sin que por ello pierdan el poder?

No ironizo al afirmar que me daría gusto compartir el optimismo de quienes creen ver en Cartas a la dirección un paso de avance, aunque sea mínimo, hacia la lucecita en el final del túnel. Pero tal y como sale hoy, no puedo ver esta sección más que como un mañoso paliativo para nuestra vieja e insatisfecha demanda de respuestas esenciales. Nada de fibras. Mera sopa de letras.

Por: Osmar Laffita Rojas

LA HABANA, Cuba, marzo (www.cubanet.org) – Llama la atención  que la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC)  haya elegido como Día de la Prensa Cubana el l4 de marzo, fecha en  que vio la luz por primera vez, en 1892, el periódico Patria, en la ciudad de Nueva York, bajo la dirección de José Martí.

En su primer número aparece un  artículo editorial escrito por el Apóstol bajo el titulo Nuestra idea, en el que señala “Nace el periódico, a la hora del peligro, para velar por la libertad, para contribuir a que sus fuerzas sean invencibles por la unión y para evitar que el enemigo nos vuelva a vencer por nuestro desorden”.

Martí no titubeó en escribir en Patria: “No existe gobierno invulnerable; la prensa debe ser el examen y la censura, nunca el odio ni la ira que no dejan espacio a la libre emisión de ideas”.

Revisando el periódico oficial del Partido Comunista en lo que va de año, todo lo que ha publicado dista mucho de cumplir con estas ideas que Martí dejó fijadas para la posteridad

Los periodistas que laboran en los distintos medios a lo largo y ancho del país son tramitadores de las órdenes que emanan de los departamentos de orientación revolucionaria a las diferentes instancias. Ellos dicen lo que se puede y no se puede publicar.

Tal parece que Tubal Páez, Presidente de la UPEC, no tiene el valor de comunicarle a sus censores que el Presidente Raúl Castro, en su breve intervención en el Congreso de la UNEAC, entre otras cosa dijo. “Para esa diversidad de criterios luchábamos”, y recordó cómo siempre había sostenido que de las mayores discrepancia salen las mejores decisiones.

También, en los momentos de su aparente poder, Carlos Lage señaló que nos afectaba “la doble moral, las prohibiciones, una prensa que no refleja nuestras realidad como queremos, una desigualdad indeseada, una infraestructura deteriorada”.

Estos planteamientos están ausentes en la prensa nacional, que guarda silencio cómplice ante las violaciones, los incumplimientos, la corrupción generalizada, el acelerado  quebrantamiento del tejido moral  de la sociedad. Y es ajena a las demandas de los ciudadanos indefensos, porque éstos no saben a dónde acudir ante los problemas que los agobian.

La UPEC se suma al coro de los ataques calumniosos provenientes  del gobierno, calificando de mercenarios y vendepatrias a los periodistas independientes, y al creciente movimiento de “periodismo ciudadano”, agrupados en las bitácoras de bloggers, que desde Cuba, a riesgo de ser reprimidos, encarcelados y condenados, dan a conocer al mundo lo que realmente ocurre en el país.

El régimen pensó, después de la Primavera Negra, en marzo de 2003, que había enterrado al periodismo independiente.

Hoy son más los hombres y mujeres que informan al mundo sobre la realidad nacional, a sabiendas de los riesgos que corren.

Por: Laritza Diversent

LA HABANA, Cuba, marzo (www.cubanet.org) – Entre el 2 y el 3 de marzo del presente año, el gobierno cubano publicó una nota oficial del Consejo de Estado en la que daba a conocer un acuerdo del órgano. Se decidió realizar movimientos de cuadros del Estado y reestructurar algunos organismos de la administración central.

Los cambios habían sido ya anunciados por el Presidente del Consejo de Estado, Raúl Castro, en la Sesión Constitutiva de la VII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, efectuada el 24 de febrero de 2008. Sin embargo, política y jurídicamente hablando, las designaciones que se realizaron son ilegitimas.

En virtud del artículo 75 de la Constitución de la República de 1976, corresponde a la Asamblea Nacional del Poder Popular  designar, a propuesta del Presidente del Consejo de Estado, a los miembros del Consejo de Ministros.

El jefe de Estado y de Gobierno está consciente de esta realidad. En su intervención en la sesión constitutiva parlamentaria de 2008, citó el precepto constitucional, cuando pidió a los diputados nacionales una prórroga para presentar a los miembros del Consejo de Ministros.

Incluso dijo que la propuesta o presentación del nuevo gobierno y los demás cambios estructurales se realizarían en otra sesión, ordinaria o extraordinaria si era necesario citarla, de la Asamblea.

El nombramiento de los miembros del Consejo de Ministros es facultad de la Asamblea Nacional, porque el  artículo 69 del texto constitucional la reconoce como el órgano supremo del poder del Estado, que representa y expresa la voluntad soberana de todo el pueblo.

La designación por el parlamento, en este caso, sería la moción de confianza que necesita toda administración para gobernar. Supuestamente garantiza  que los nombrados cuenten con la confianza de los gobernados.

La Asamblea Nacional se compone de diputados elegidos por el voto libre, directo y secreto de los electores. Son ellos los que representan políticamente los diferentes sectores sociales, través de cuales los ciudadanos participan indirectamente en el gobierno de la nación. Es bueno preguntar ¿Dónde se quedo la democracia?

Según el artículo 3 de la Carta magna cubana, en la República de Cuba la soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. Ese poder es ejercido directamente o por medio de las asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado que de ellas se derivan, en la forma y según las normas, fijadas por la Constitución y las leyes.

Evidentemente, institucionalidad no es sinónimo de legalidad y mucho menos de legitimidad. Una vez mas el gobierno cubano demuestra que no respeta la Constitución y menos aun le importa que el pueblo valide sus actos.