MEXICO: Ataques contra Defensores de Derechos
Humanos. Informe de Amnistía Internacional.

Unánime reclamo de Protección al Gobierno por
estos destinatarios de cárcel, tortura y balas .

La Casa del Balsero apoya esta denuncia y la hace
propia, pues cada día es mayor el riesgo que corren
sus activistas por defender a migrantes cubanos.

Reportaje gráfico: J. C. Perera.

En un acto organizado con precisión y sencillez por Amnistía Internacional, y que llenó a tope el teatro de la Biblioteca “José Vasconcelos” de la Ciudad de México, se presentó ante la prensa mexicana e internacional destacada en este País un informe del organismo internacional bajo el título Exigiendo justicia y dignidad: Defensores y defensoras de los derechos humanos en México.

“Las autoridades mexicanas no cumplen con su obligación de proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos frente a los homicidios y al hostigamiento y las agresiones que amenazan sus vidas”, ha advertido Amnistía Internacional en este nuevo informe. Más de 15 casos de defensores han sido víctimas de homicidio, agresiones, hostigamiento y amenazas o han sido encarcelados por cargos falsos entre 2007 y 2009 para impedirles que realicen su labor.

“Defender los derechos humanos en México puede costar la vida, y el gobierno no está haciendo lo suficiente para resolver el problema”, ha dicho Nancy Tapias Torrado, investigadora sobre defensores de los derechos humanos de Amnistía Internacional. “Cuando se ataca, amenaza o mata a un defensor o defensora de los derechos humanos, se envía un peligroso mensaje a muchos otros y se niega la esperanza a todas las personas en cuyo favor trabaja este defensor”.

Entre los expositores se encontraba Alberto Herrera Aragón, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional en México, Nancy Tapias Torrado, del Secretariado Internacional de A.I. en Londres, Reino Unido, Obtilia Eugenio Manuel, Presidenta de la Organización del Pueblo Indígena M’e phaa, Jesús Emiliano, líder del Frente Democrático Campesino, y el Padre Alejandro Solalinde, del Centro de Atención Pastoral Católica para Migrantes y director de un albergue en frontera Sur. Ser sacerdote tampoco ha sido impedimento para recibir amenazas de muerte.

“Los defensores y defensoras de los derechos humanos actúan para proteger y promover los derechos humanos. Los Estados tienen la responsabilidad de proteger a estas personas y de garantizar que pueden desempeñar su trabajo”, señala Amnistía Internacional.

“El gobierno mexicano debe desarrollar urgentemente un programa eficaz e integral de protección para los defensores y defensoras de los derechos humanos”, ha dicho Nancy Tapias Torrado.

Los y las activistas que trabajan para proteger los derechos de las comunidades que viven en la pobreza, los que defienden los derechos de los pueblos indígenas o trabajan para proteger el medio ambiente corren especial riesgo de ser atacados. Se considera que su trabajo interfiere con poderosos intereses políticos o económicos. Con mucha frecuencia se los ve como personas que ocasionan problemas, no como defensores de los derechos humanos que trabajan por una sociedad mejor donde el respeto a los derechos humanos sea una realidad.

Algunos defensores de derechos humanos asesinados:

El asesinato del líder campesino Armando Villarreal Martha y la detención de Carlos Chávez, presidente y miembro de la Organización Agrodinámica Nacional, perpetrados el 14 de marzo y el 4 de abril de 2008, respectivamente, son muestra de estos repugnantes casos. Villarreal Martha cobró notoriedad por su participación al frente de productores y campesinos que mantienen su lucha contra los excesos en el cobro de tarifas del servicio eléctrico, y fue ultimado en Nuevo Casas Grandes por un comando que lo ametralló afuera de su domicilio frente a uno de sus hijos, quien resultó ileso.
Ricardo Murillo Monge, portavoz y miembro fundador de Frente Cívico Sinaloense (FCS), fue encontrado muerto en su automóvil en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el 6 de septiembre de 2007. Sólo dos años después, el 31 de agosto de 2009, Salomón Monárrez, otro portavoz del FCS, sobrevivió por poco a un intento de asesinato.

Paz Rodríguez Ortiz, conocido defensor de los derechos humanos, fue asesinado frente a su esposa en el municipio de Nuevo Casas Grandes (al noroeste de Chihuahua), el 9 de octubre del 2009, acribillado por sujetos armados con fusiles AR-15. Rodríguez Ortiz y su esposa estaban amenazados de muerte. El 31 de diciembre de 2008, sujetos armados dispararon contra su casa, que también es sede de la Asociación Civil de Derechos Humanos de Nuevo Casas Grandes; pero desde fines de 2008 disminuyeron sus actividades tras el asesinato de uno de sus hijos y el asedio de que eran víctimas. El hijo de los defensores humanitarios tenía 36 años y fue abatido a tiros en la capital chihuahuense en octubre de 2008. Saláiz y su marido fundaron la defensoría humanitaria 18 años atrás y adquirieron presencia en la zona noroeste del estado, por intervenir ante las decenas de levantones y desapariciones perpetrados en 2008.

El caso más reciente es el Josefina Reyes, el pasado 3 de enero del 2010. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos abrió una investigación por el asesinato de esta activista, al tiempo que dicha Comisión reportó un aumento en las agresiones contra defensores de derechos humanos en México. De 2005 a la fecha tiene registrado 108 casos, pero el año más crítico fue el pasado 2009.

Nuestra intervención:

Eduardo Matías, presidente de la Asociación Cívica Cubano-Mexicana y de la Casa del Balsero y el Migrante Cubano, expuso al auditorio en este informe de Amnistía Internacional que ya era hora de que el Gobierno Mexicano abandonara el doble idioma, la doble moral, pues defiende los derechos humanos de los mexicanos en los Estados Unidos (cosa muy loable), pero en tierra azteca se maltrata, se humilla, se extorsiona, se secuestra y se asesina a los migrantes cubanos y de muchas otras partes del mundo; mientras la Autoridad Migratoria miente, deforma cifras, oculta problemas, solapa la corrupción, justifica errores y minimiza la realidad. Añadió que este año México será sede del Cuarto Foro Mundial para las Migraciones, por lo que se espera que de no intentar rectificar el Gobierno su postura, los defensores de los derechos humanos de los migrantes “sufriremos una oleada de represiones, tanto por parte de Migración como de la Mafia”, por lo que pidió medidas específicas y acciones efectivas de protección gubernamental a todo aquel que represente las garantías individuales de los migrantes.

El informe Exigiendo justicia y dignidad: Defensores y defensoras de los derechos humanos en México podrá consultarse en

www.amnesty.org.
Más información:
En México: Arturo Ávila, móvil (México): 55 51 80 99 18, comunica@amnistia.org.mx
En Londres: Josefina Salomón, móvil (UK):+44 7778 472 116, jsalomon@amnesty.org

Presidencia del Informe de Amnistía Internacional: De izquierda a derecha Jesús Emiliano, líder del Frente Democrático Campesino; Nancy Tapias Torrado, investigadora sobre defensores de derechos humanos del Secretariado de Amnistía con sede en Londres; Alberto Herrera Aragón, Director Ejecutivo de la Sección Mexicana de Amnistía Internacional; Obtilia Eugenio Manuel, Presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa; y el Padre Alejandro Solalinde, Coordinador del Centro de Atención Pastoral Católica para Migrantes en el Sureste Mexicano.

Encuentro de dos defensores de derechos humanos de los migrantes: al centro el Padre Alejandro Solalinde de la Pastoral Católica, a la derecha el Lic. Eduardo Matías de la Casa del Balsero. La Asociación Cívica Cubano-Mexicana hace patente toda nuestra admiración por la ardua labor del Padre Solalinde en la frontera Sur a favor de los más desprotegidos, y protestamos firmemente por el estado de terror en que vivimos los defensores de derechos humanos. Lástima que existan pocos oídos receptivos…

Intervención del Lic. Eduardo Matías a nombre de la Asociación Cívica Cubano-Mexicana y de la Casa del Balsero y el Migrante Cubano: “en tierra azteca se maltrata, se humilla, se extorsiona, se secuestra y se asesina a los migrantes cubanos y de muchas otras partes del mundo, mientras la Autoridad Migratoria miente, deforma cifras, oculta problemas, solapa la corrupción, justifica errores y minimiza la realidad. Este año México será sede del Cuarto Foro Mundial de las Migraciones… los defensores de derechos humanos de los migrantes sufriremos una oleada de represiones, tanto por parte de Migración como de la Mafia…”

Defensores de Derechos Humanos de disímiles organizaciones de todo el País reclaman seguridad y transparencia al Gobierno de México. En los jardines de la Biblioteca “José Vasconcelos” se preparan para lanzar al aire unos globos blancos y negros que sustentan las letras de la palabra PROTECCIÓN. “Los defensores y defensoras de los derechos humanos actúan para proteger y promover los derechos humanos. Los Estados tienen la responsabilidad de proteger a estas personas y de garantizar que puedan desempeñar su trabajo”, señala Amnistía Internacional.

El Lic. Eduardo Matías con Nancy Tapias. Ella es investigadora de Amnistía Internacional, y trabaja en el Secretariado Internacional en la sede en Londres, Reino Unido. Desde el 2008 coordina el trabajo de Amnistía sobre los abusos a que se enfrentan los defensores a los derechos humanos en toda la región americana. Nancy tiene Maestría en Derecho Internacional de Derechos Humanos y Filosofía por la Universidad de Essex, Inglaterra. Ha recibido varios premios por su trabajo.

Matías expone a Nancy Tapias la situación actual de la nacionalidad cubana en México. Al cubano se le cotiza como mercancía, y tanto traficantes como funcionarios corruptos hacen “su agosto” con el sufrimiento y las necesidades de los isleños y sus familiares. Esto se ha denunciado a todos los niveles de Gobierno, sin que hasta la fecha exista solución, sino un alarmante crecimiento del problema. Migración clasifica a los extranjeros en Grupos I, II y III, violando la Constitución de México por discriminar a los migrantes según su nacionalidad.

Jesús Emiliano del Frente Democrático Campesino; Obtilia Eugenio del Pueblo Indígena Me´phaa; Padre Alejandro Solalinde de la Pastoral Católica; una Defensora de derechos humanos y Eduardo Matías, posan para esta foto de recuerdo. Si ellos cumplen con su abnegada labor entre amenazas y atentados, México debe protegerlos, por principio moral y de justicia, dejando de lado la indolencia y afrontando sus compromisos internacionales en la materia.

Eduardo Matías (izquierda) y Alberto Herrera Aragón (derecha), en un momento del evento. Hoy Alberto es el Director Ejecutivo de la Sección Mexicana de Amnistía Internacional, siendo desde el año 2005 integrante del Comité Directivo Nacional, y desde ese mismo año ha participado en diversas reuniones del Consejo Internacional, (máximo órgano de decisión de Amnistía a nivel mundial), y en encuentros de A.I. en otros países. Alberto Herrera es un valeroso protector de los defensores de derechos humanos y digno representante de Amnistía.

El Director Ejecutivo de Amnistía Internacional en México atiende las preocupaciones de la Asociación Cívica Cubano-Mexicana. Represalias, tráfico de indocumentados y corrupción se han incrementado sobremanera después de la firma en octubre del 2008 de un acuerdo migratorio entre México y Cuba, denominado Memorandum de Entendimiento. “ Corremos riesgos cada vez que denunciamos, nuestra libertad y hasta la vida han sido amenazadas; ya no sabemos de dónde esperar lo peor”, argumenta Matías.

¡ Al aire los globos, elevando como símbolo del reclamo al Gobierno de todos los Defensores de Derechos Humanos en México, la palabra P R O T E C C I Ó N !!!.
Amañados procesos judiciales, injustos encarcelamientos, torturas, atentados y hasta pérdida de la vida son común denominador de riesgo inherente a esta labor de representar los derechos y las garantías individuales de diferentes sectores de la sociedad mexicana, grupos vulnerables y a los migrantes.

El Padre Solalinde y Matías. Mayores restricciones migratorias incrementaron en dos o tres veces las extorsiones de miles de dólares que cobra la cadena de “polleros” coludida con algunos pésimos funcionarios. La nueva modalidad que enfrentan los migrantes es el SECUESTRO, la delincuencia organizada les priva de su libertad y obliga bajo tortura a aportar números telefónicos de sus familiares en EEUU, exigiéndole luego a éstos el pago de altas sumas por su liberación. Ambos son “incómodos y peligrosos” para traficantes y corruptos.

No podía faltar en este evento una silenciosa referencia a su principal propósito: Exigir protección y transparencia al aparato gubernamental mexicano. La primera fila de butacas quedó vacía en homenaje a los ausentes, conteniendo ofrendas florales con nombres de los defensores de Derechos Humanos encarcelados injustamente o impunemente asesinados. No se vislumbran intenciones ni resultados de tipo alguno que impliquen castigos ejemplares a estas agresiones.

Por: Cubalsero

• EXTRAÑA FUGA DE CUBANOS DE PRISIÓN   MIGRATORIA.
• PRETENDIAN DENUNCIAR POR CORRUPCIÓN A ALTOS FUNCIONARIOS DE MIGRACIÓN.
• EL ACUERDO MIGRATORIO CUBA-MEXICO PROMUEVE EN GRADO SUMO LA EXTORSIÓN.

Una vez más Migración de México está en el ojo del huracán: El fin de año, con una espectacular fuga, se cerró el caso conocido como “los cuatro de Querétaro. Asunto controvertido y enigmático, rodeado de especiales y muy extrañas situaciones. Dos hombres y dos mujeres, los cuatro con graves consecuencias personales si eran reenviados a la Isla por ser considerados sus puestos laborales como estratégicos. ROXANA y YINIA,  profesionistas pertenecientes al sector salud, y ALFREDO, abogado y Juez.  JOSÉ ISMAEL era chofer y hombre de confianza de un Ministro de Estado, y por su labor visitó lugares donde se esconden recursos energéticos para tiempos de crisis o de guerra, escuchó múltiples conversaciones restringidas a muy alto nivel y estuvo presente en encuentros con personalidades nacionales y extranjeras, todo ello considerado secreto gubernamental.

Tanto por lo que suponen que saben como por lo que realmente conocen, a ellos ni a ningún otro cubano con similares características le permitirían JAMÁS una salida legal y ordenada del País, por lo que optaron por el único recurso que les quedaba: escapar por vía marítima.

Al ser detenidos en México los enviaron a la prisión migratoria de Tapachula, Chiapas, en el extremo Sur, frontera con Guatemala. Días después “coordinaron con alguien de adentro”, y por ello a pesar de que el consulado de Cuba los aceptó de retorno el 31 de julio según consta en documentos, NO LOS DEPORTAN de inmediato como suele suceder con cientos de cubanos. Al contrario, los dejan tranquilos hasta el 7 de agosto, fecha en que desde la Ciudad de México se les señaló el pago de una multa como condición previa y parte del proceso de Salida Definitiva por sus propios medios del territorio nacional, mediante un salvoconducto para atravesar México. El citado documento elaborado por las oficinas centrales de Migración no establece fecha límite para cubrir dicha sanción económica. Ellos están dispuestos a pagar de inmediato la multa de quinientos dólares por cada uno, pero NADA MÁS. Según  narraron a Cubalsero, en ese momento se negaron a cumplir una petición deshonesta previamente pactada en su desesperación con un alto personaje de Migración. Tenían el dinero de la multa, pero no los seis mil dólares exigidos a cada uno por debajo de la mesa, así que de inmediato cambia todo, comienzan las amenazas y no les dan acceso al pago de la multa para la posterior salida definitiva, simplemente NO SE LAS NOTIFICAN.

El mismo viernes 7 de agosto en que les imponen la multa y se suscita el altercado por no pagar al aparato de extorsión, es informada de los hechos la dependencia central, misma que solicita a Chiapas su traslado al DF, dejando al descubierto todo un mecanismo de corrupción que involucra  varios niveles de Migración. Viajan ese fin de semana, casi veinte horas.  Ante las crecientes amenazas de deportación, el lunes 10 de agosto los cuatro se Amparan ante un Juez Penal de la Ciudad de México, pero al día siguiente intentan deportarlos mediante un Oficio de Expulsión, violatorio por cierto de la Constitución porque no está en absoluto MOTIVADO, argumentando que era por no haber cumplido con el pago dentro del término establecido de 48 horas.

En primer lugar, NUNCA se les notificó de esa multa, en segundo, en el documento que NO les entregaron ni en ninguno emitido por Migración APARECE señalamiento alguno de 48 horas, en tercer lugar suponiendo la existencia de ese término, los fines de semana ESTÁN CERRADOS los bancos, por lo que no era posible pagar dicha multa en caso de haber sido notificada el viernes; y en cuarto lugar ese fin de semana ESTABAN VIAJANDO por carretera desde Chiapas al D.F., bajo estricta custodia militar.

Migración MIENTE como tantas veces, y ello es ampliamente probado en los documentos emitidos por sus funcionarios. El Dragón se devora a sí mismo por su propia cola. Pero no puede faltar la represión: Al ampararse ante la inminente deportación, son confinados a la prisión migratoria del Estado de Querétaro, obstaculizando por lejanía la visita de familiares y amigos.

A los familiares habitualmente se les asusta con aquello de que Migración los puede trasladar cuantas veces quiera a las múltiples estaciones establecidas o habilitadas en el territorio nacional, sin importar las distancias. Peor aún, los cuatro sufrieron tortura física y mental durante meses en un frío sótano sin ver el sol, pues el lugar no tiene condiciones para largas estadías. Es el castigo por defenderse, por no cumplir a tiempo las “exigencias colaterales” del sistema de extorsión, es evitar el “mal ejemplo” para otros presos que pudieran solicitar también el amparo de la justicia de la Nación. Y lo más grave, los funcionarios migratorios se sienten tan protegidos en su actuar por aquello de pertenecer a Seguridad Nacional y ante la impunidad que disfrutan por parte de sus niveles superiores, que distorsionan la realidad sin recato alguno. Nuevamente la pregunta obligada: ¿ si mienten al Poder Judicial, qué no estarán dispuestos a hacer a los migrantes y a los defensores de sus derechos?.

Desde Miami los familiares recurren al voluntariado de la Asociación Cívica Cubano-Mexicana, siendo representados de forma gratuita por su Defensoría de Oficio. Se interpone un segundo Amparo. Son muchas las pruebas que se presentan a su favor, y múltiples las anomalías en el proceso migratorio.

Toda posible solución es negada, incluyendo una Custodia Provisional que un familiar radicado en México intentó gestionar para los cuatro, a pesar de ser una opción contemplada por la Ley. La situación se agrava por problemas de salud: ROXANA padece de complicaciones renales, estomacales y de colon, y YINIA presenta embarazo de ALTO RIESGO y descontrol en su presión arterial. Los cuatro están dispuestos a desistirse del Amparo siempre y cuando se llegue a un acuerdo FORMAL y VERDADERO con el INM, acuerdo al que la prepotencia y el ánimo intransigente de la Autoridad  impiden llegar.

El ambiente tras meses de encierro se calienta. Fueron maltratados con violencia física y verbal dentro de esa Estación Migratoria de Querétaro. Un funcionario de las oficinas centrales del INM violó la Constitución de este País, gritándoles que no querían a ningún cubano en México, que a todos los iba a deportar, entre otras muchas cosas consideradas como discriminación… Los aislaron, les quitaron sus pertenencias, entre ellas las de aseo personal, los incomunicaron telefónicamente. ¿ Miedo por parte de algún funcionario a sus denuncias ?. ¿ Advertencia sobre lo que les espera si prosiguen con la intención de exponer tantas anomalías?. ¿ Burda represión para lograr la renuncia al amparo y poder deportarlos, cerrando de forma fácil y segura este oscuro y peligroso capítulo ?.

Toda la prensa escrita, radial y televisiva de Querétaro  reseñó de inmediato los abusos cometidos contra estos cubanos. En Miami también denuncian los familiares, y se publican los hechos. Se impide a periodistas y a Derechos Humanos el acceso a estos presos, justificándose la Autoridad con burdos mecanismos burocráticos.  Se respira el miedo de algunos funcionarios migratorios ante la osadía de dos hombres y dos mujeres que pretenden denunciar todas las arbitrariedades que presenciaron en las anteriores estaciones migratorias y las cometidas contra ellos.

Se les niega una visa humanitaria para declarar EN LIBERTAD. El INM concede este tipo de salidas de las estaciones para casos en que los migrantes son lastimados por la delincuencia común en territorio mexicano. ¿ Se atreverán a otorgar la libertad de estos cuatro para que denuncien al propio aparato migratorio ? Eso ni soñarlo…

Con el evento de violencia, la embarazada de alto riesgo tuvo que ser internada un par de días en un hospital de Querétaro. Mientras tanto el proceso judicial continúa, y cada vez más pruebas acusan a malos funcionarios de Migración. En un desesperado intento, la Autoridad solicita a la Jueza que permita el traslado de los cuatro a otro extremo del País, esta vez al Estado de Veracruz, lo cual se le prohíbe categóricamente, bajo riesgo de violar los dictámenes judiciales al respecto.

La prensa no cede en su cobertura, Derechos Humanos del Estado tampoco. La Asociación Cívica Cubano-Mexicana eleva un escrito a la Presidencia de la República y a varias instituciones, incluyendo la ONU y el Congreso. La fecha del juicio se aproxima, y con ello la posibilidad de muy severas consecuencias para Migración. Entonces deciden liberar a dos  mediante un Oficio para regularizar su situación migratoria, pero en su acápite Cuarto señala la posibilidad de acercarse a cualquier parte de México sin limitar la frontera Norte. Es la oportunidad para Migración de solucionar todo, pero torpemente mantiene en prisión a la otra pareja. Estos deciden continuar con las denuncias por extorsión, maltrato, vejaciones y discriminación, hasta las últimas consecuencias.

Y reventó la cosa: Casi a horas de celebrarse el juicio, evento que evidentemente afectaría a ciertos grupos de funcionarios migratorios, se produce una “fuga” que benefició quién sabe cuantos oscuros intereses. Dejan de ser obstáculo los candados y las rejas, y los dos cubanos restantes junto a otro paisano también detenido por carencia de papeles se escapan, en un acto  de prestidigitación. Por increíble que parezca, la alerta migratoria para capturar a los prófugos demoró muchas horas en decretarse, lo cual les permitió atravesar parte del País hasta la frontera de la libertad. Los Estados Unidos les otorgó el merecido asilo político, y con ello se cerró este nefasto capítulo de la “Migra” mexicana. Otro caso saturado de abusos, extorsión, constantes violaciones a la Ley , a las garantías individuales, a la dignidad humana, bajo el beneplácito de los pseudo- diplomáticos cubanos, que no cumplen en modo alguno con la obligación de defender a sus nacionales.   No nos hagan tontos, se sabe que el tráfico de indocumentados comienza por Cuba, y que la carne humana es otro de los muy productivos negocios del régimen de los Castro.

¿Responderá alguien de toda esta barbarie, o simplemente vendrán las muy acostumbradas justificaciones del INM a solapar a sus pésimos funcionarios ???. Ni el ridículo ni las violaciones importan. Sigue la “danza de los millones” alrededor de Migración, en un País donde la palabra cubano se traduce como: mercancía humana altamente cotizada, sin otro derecho que el de pagar fuertes sumas de dinero a cambio de su libertad.

El subdelegado regional Cristóbal Castillo Novelo renunció al cargo debido a que lo pretendían mandar al aeropuerto de Cancún donde las amenazas de la delincuencia organizada al personal siguen a la orden del día, asegura diario.

CANCÚN, MX.- Como parte de las inconformidades al interior del Instituto Nacional de Migración (INM) por los cambios y los reajustes del personal, el subdelegado regional Cristóbal Castillo Novelo renunció al cargo debido a que lo pretendían mandar al aeropuerto de Cancún donde las amenazas de la delincuencia organizada al personal siguen a la orden del día.

De acuerdo a fuentes de la dependencia federal, Castillo Novelo presentó su renuncia con carácter de irrevocable en días pasados para hacerse efectiva a partir del próximo lunes, debido a que no aceptó trasladarse al aeropuerto como delegado local, debido a las constantes amenazas que ha recibido el personal asignado a este punto de internación por parte de la delincuencia organizada.

“Las amenazas de muerte siguen dentro del aeropuerto y este fue uno de los motivos por el cual el ex delegado local Erick Cossio renunció y pidió su traslado a Chiapas y en su lugar, de manera provisional fue nombrado Oscar Gabriel Ruiz Cabañas Ramírez, quien también fue amenazado y pidió su cambio a Playa del Carmen”, afirmaron las fuentes.

Dijeron que en estos momentos, la delegación local del aeropuerto está literalmente acéfala debido a que hay la consigna de que quien llegue a ocupar el cargo, o se alinea a trabajar para la delincuencia organizada o que se atenga a las consecuencias.
Las fuentes fueron precisas al indicar que de todo esto ya tiene pleno conocimiento el delegado regional Fernando Díaz, pero que éste indicó que las órdenes de todos los cambios se están dando desde oficinas centrales.

De esta forma, las inconformidades y malestar al interior del INM con la presente administración continúan por parte del personal, pues consideran que si realmente se quiere cambiar la imagen del organismo, que realice un plan integral de operatividad, pero que quien llegue como jefe sea alguien que sepa los asuntos migratorios porque de lo contrario, la problemática continuará. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)

Por: José Gerardo Mejía/El Universal

Tras la difusión de videos que involucran a autoridades migratorias en el tráfico ilegal de personas, la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió un comunicado en el que establece que desde el inicio del gobierno del presidente Felipe Calderón, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha emprendido acciones de lucha contra la corrupción y el uso indebido de atribuciones por parte de su personal.

En el texto se destaca que tales acciones han contemplado la aplicación de exámenes toxicológicos, de control de confianza y de evaluación patrimonial, a más de 4 mil empleados y funcionarios de base, honorarios y de confianza.

“Derivado de este decidido combate contra la corrupción, así como contra el tráfico y la trata de personas, han salido a la luz pública redes de complicidad al interior de la institución.

Aplican castigos

“De este modo, y como resultado de las investigaciones administrativas efectuadas, más de 280 empleados o funcionarios del INM han sido amonestados, inhabilitados o sancionados a nivel nacional.

“En el caso más reciente, tres agentes migratorios y un jefe de departamento adscritos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fueron sujetos de órdenes de aprehensión a partir de las denuncias realizadas por el propio instituto”, apunta.

Gobernación indica que ante los videos anónimos que involucran a personal migratorio en el tráfico de personas, una vez más se reitera la entera disposición del INM para colaborar con las autoridades en los procesos de indagación correspondientes.

Por: Redacción/El Universal

Dos videos anónimos en los que se muestra a seis presuntos operadores de Los Zetas exponen una supuesta relación entre agentes de Migración, traficantes de personas y el brazo armado del cártel del Golfo

Seis presuntos sicarios del Los Zetas revelaron antes de morir, en un video presuntamente filmado por sus victimarios, los nombres de agentes municipales, estatales y federales que apoyan actividades del crimen organizado en el estado de Veracruz y en Cancún, Quintana Roo.

Dos videos de estas confesiones fueron subidos a YouTube, donde se aprecia, en el primero de ellos, a seis encapuchados y, en el segundo, a cuatro cuestionar a los detenidos, de los que se presumen fueron asesinados después de su confesión.

Los integrantes del cártel del Golfo dieron detalles de la forma en que se apoderaron y operan el negocio del tráfico de indocumentados cubanos y chinos, principalmente, prostitución, venta de piratería, secuestro y extorsión de empresarios de distintos giros.

En los videos, bajo el titulo “Matando Zetas” se dan nombres y apellidos de agentes policiacos municipales, estatales y federales del estado de Veracruz y de Cancún, Quintana Roo, que los apoyan en sus actividades ilícitas.

El primer video muestra a un grupo de tres zetas retenidos en la clandestinidad por un comando de negro, encapuchado, con armas de grueso calibre, granadas e incluso un lanzagranadas.

En el segundo están otros tres supuestos aliados de los zetas, también rodeados por sicarios vestidos de civil.

Los videos fueron “subidos” a YouTube ayer y distribuidos a algunos medios de comunicación.

La policía no tiene identificados a los hombres que aparecen en la filmación, un recurso que han empleado las bandas criminales para dejar sus mensajes para atemorizar a sus enemigos.

Sin embargo, por lo menos tres de estos seis “interrogados” aparecieron ejecutados en Veracruz, dijeron fuentes oficiales a EL UNIVERSAL.

Además, entre los seis ellos estaría un agente federal y un cubano, Iván Blanco alias El Tígre, quien se dijo “encargado de traer los pollitos desde la isla”.

Según Blanco, a cada indocumentado cubano se le cobra 2 mil 400 dólares por ser llevado de Cancún a la frontera con Estados Unidos; mientras que a los indocumentados Chinos -quienes llegan vía Italia- les cobran seis mil dólares, lo que les permite pagar cuotas a la PFP, a Migración y a Los Zetas, más gastos de traslado.

Amenazados por cuatro sicarios apuntándoles con armas largas, tres sujetos -un cubano y un presunto agente de la Policía Federal-, que confesaron pertenecer al cártel del Golfo, revelaron los nombres y la forma en que operan en diversas actividades ilícitas, así como la protección que reciben de agentes municipales, estatales y federales en Cancún.

Los tres integrantes de dicho grupo delictivo explicaron que su jefe es Miguel Ángel Treviño el Zeta 40, quien controla el tráfico de indocumentados chinos, cubanos y dominicanos.

Alfredo Rosales Chávez, originario de Acapulco, Guerrero, afirmó ser el lugarteniente de Sosa El Puma y su función principal era extorsiones a empresarios, principalmente dueños de bares.

“A los dueños de bares se les ubica, se les hace una visita y se les piden de entrada cien mil pesos para protección y 20 mil mensuales”, detalló, y explicó que a los comerciantes de los mercados sobre ruedas ubicaban al encargado del tianguis y se hacía un cobro en general a sus agremiados.

A los que venden discos piratas -prosiguió en medio de el interrogatorio- se les cobran diez mil pesos y se les obliga a comprar el producto; a los vendedores de autos usados se les cobraba en especie -un auto si el negocio era grande- o 20 mil pesos si el establecimiento era modesto; mientras que a las prostitutas se les exige 15 mil de entrada y cinco mil mensuales.

Relató que las grapas de droga que distribuyen en Cancún son entregadas al ex policía municipal Candelario de la Cruz, quien se encargaba de repartirlas en los bares La Negra, Génesis, Tenampa, La Cueva de León y Macumba, así como en la Plaza 2.

Para cumplir con su función, afirmó que cuentan con el apoyo del delegado de la PGR, Nicolás Hernández Alvarado; del Jefe regional de la AFI, así como cuatro agentes más de la misma corporación.

Además de elementos de la Policía Judicial de Cancún y Playa del Carmen.

El sicario ubicó al comandante Mora de Fuerzas Especiales Policiales de Apoyo (FEPA) y a Salvador Rocha, Jefe de la Policía del estado como quienes también apoyan las actividades del cártel del Golfo.

El segundo de los sujetos interrogados se identificó como Ivan Blanco, alias El Tigre, cuya función dentro de la organización criminal es el transporte de indocumentados cubanos a Cancún y, posteriormente a Monterrey, desde donde son enviados a Estados Unidos.

“Trabajo para el cártel del Golfo me dedico a subir los pollos que se traen de cuba, es decir los cubanos”, inició su relató con un acento cubano, para luego detallar las cantidades que cobran y los sobornos que entregan.

Detalló que a los indocumentados les cobran dos mil 400 dólares para llevarlos a la frontera de México con Estados Unidos, de los cuales 350 dólares son para la Policía Federal Preventiva, 350 más Migración, 300 para Los Zetas, 200 de boletos, 800 que se pagan en Monterrey a El Flaco, agente federal, y 260 en la frontera.

En tanto, el agente de la Policía Federal adscrito a la Isla de Cozumel, Hugo Sánchez Centeno, confesó que su función dentro del cártel del Golfo es cobrar el dinero de todos los indocumentados que entran por el Aeropuerto de Cancún.

“Soy agente federal adscrito a la Isla de Cozumel y mi función es checar todo el movimiento marítimo”, explicó.

Afirmó que están coludido en el negocio el delegado regional, el subdelegado regional y el delegado local, Carlos Argüelles.

Cuestionado sobre si había mas agentes involucrados, manifestó que hay un encargado de los dos turnos identificado como Tomas Mendiburo y los dos jefes de turnos “Espinoza Castillo” y “Reyes”.

Recordó que el agente federal Carranza, quien acaba de ser comisionado a Guadalajara y uno más de apellido Palafox, quien llegó a la plaza recientemente, ser encargan de vigilar que el trafico de indocumentados no tenga ningún problema en el aeropuerto.

“Yo me encargo de hacer los cobros de cada pollero que entra. Se lo entrego al Tío; son 2 mil 400 por cada cubano y de platanitos que son dominicanos, mayormente son cubanos y chinos, y por los chinos son 6 mil 600, y yo le hago el corte semanal al Tío, se le paga a Migración a la PFP y a Los Zetas”, señaló.

En los videos sobre Veracruz, tres sujetos, quienes presuntamente fueron los que aparecieron ejecutados el fin de semana en calles de la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, detallan sus funciones dentro de la organización.

Revelan también todos los nexos que tienen con corporaciones policiacas.

Además, confesaron que fueron Los Zetas los que se encargaron de desaparecer el 1 de junio en calles del puerto de Veracruz al administrador de la Aduana de Veracruz, Francisco Serrando Aramoni.

Los tres eran custodiados y amenazados con armas de fuego por un comando compuesto por seis sujetos vestidos de negro, con el rostro cubierto y portando rifles de asalto e incluso lanza granadas.

El primero de ellos que es sometido a un interrogatorio se identificó como Sergio Francisco Cano Acosta, cuya función era acudir a los centros nocturnos de la zona turística de Veracruz Boca del Río, encontrar a la gente de dinero y dar la información para que fueran secuestrados, para lo cual le pagan 20 mil pesos por persona “puesta”.

En su corta intervención, el hombre con el torso descubierto, con short y de complexión delgada, relató que recibía pagos de un sujeto llamado El Tava Díaz, quien se hacía acompañar por Alejandro Soberanes, Mistela y Simón Leal Murillo.

Samuel Ibarra García, el segundo integrante de Los Zetas, quien estaba vestido con un pantalón negro y una playera en color verde, confesó que su función eran prestar nombres para lavar dinero del cártel del Golfo.

Con la mirada en alto y con unas esposas en las manos, relató que en el lavado de dinero operaba “Diego Rosario”, el comandante de la Policía de Veracruz Tavo y el Javas, propietarios o socios de algunos negocios de la zona turística.

A pregunta del interrogador, detalló que los negocios implicados en el lavado de dinero son City Bamba (discoteca que fue atacada con granadas el viernes pasado) cuyo dueño es Java, así como “Scary Mouse” propiedad de un sujeto conocido como el Jhony, socio del comandante Tavo; además del negocio “99″ de venta de llantas, propiedad de Ricardo, alias El Burguer.

El tercero de los interrogados fue se identificó como Rodolfo Sánchez, encargado dentro e la estructura de Los Zetas de dar información de los contenedores que llegaban al puerto de Veracruz, para posteriormente robarlos.

“La elección de contenedores era al azar, se elegían los de mayor valor y ellos decidían si les convenía o no”, explicó el sujeto que fue grabado desnudo del torso, tras revelar que atrás de los levantones, asesinatos, extorsiones y robo de tráilers se encuentran involucrados Gilberto Osorio y Juan Carlos Carranza, alias El Ñaca.

En cuanto a los integrantes de corporaciones policiacas que presuntamente operan para Los Zetas, dijo que en la Dirección de Tránsito del municipio de Veracruz son los agentes bajo la clave Osiris, Hunter y Sombra.

Mientras que de la Policía Intermunicipal reciben ayuda de los comandantes Gilberto Guadarrama, Armando Coronel García, Aarón Barradas Vázquez y José Castañeda García.

En cuanto al trasiego de la droga en el puerto de Veracruz, relató que en la zona la opera la esposa del detenido narcotraficante veracruzano Lázaro Llinas, la doctora que identificó como Claudia, Carlos Alfredo Reyes El Manotas, y Orlando Baker Manitas.

Mientras que en el municipio de Boca del Río, zona conurbada al puerto de Veracruz, ubicó a los sujetos apodados El Sida, Bogar, América, El Pollo, El Pelavacas y El Cash, quienes deben entregar las ganancias a El Tata y al Coster.

El hombre, quien más confesó, manifestó que en diversas fiestas privadas conoció a comandantes y periodistas que presuntamente protegen a Los Zetas en el estado de Veracruz.

Se trataba de los Comandantes Alfonso Guapillo, en Xalapa; Víctor Montiel, de Coatzacoalcos; Rafael Ugarte, de Tuxpan; Cándido Aguilar, de Boca del Río; Vicente Pulido, de Veracruz; Manuel Passi Fuentes, de Cosamaloapan, así como Gilberto Sordo y Carranza.

Además, dio a conocer los nombres de quienes participaron en el secuestro perpetrado el primero de junio del Administrador de la Aduana del puerto de Veracruz, Francisco Aramoni, en el cual -dijo- participó el comandante Osiris y agentes de la Dirección de Tránsito Municipal.

Además de Juan Carlos Carranza, alias El Ñaca, quien iba al mando del operativo y los sujetos apodados El Moca, El Pelos, Fierro y Baker, el cual supuestamente fue asesinado en un rancho

Finalmente, dijo que en la plaza de Puebla Los Zetas designaron a Jorge Lagunes Gamboa “un enano” para que se encargara de los “levantones”.

Congreso aprueba citar a comisionada de Migración
Por: Jorge Ramos y Ricardo Gómez/El Universal

Deberá explicar estrategia para evitar contubernio de su personal con crimen

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó citar a comparecer a Cecilia Romero Castillo, comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), por el caso de prostitución de mujeres extranjeras en Yucatán.

Desde el pasado 19 de junio, la comisionada se dijo dispuesta a comparecer ante el Congreso para explicar las implicaciones de funcionarios de ese organismo con redes de prostitución.

“Claro, con todo gusto, con todo gusto”, sostuvo la comisionada Cecilia Romero cuando se le preguntó sobre la intención de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de citarla a comparecer.

Senadores solicitaron que Romero Castillo comparezca ante la Primera Comisión de la Permanente, para que informe sobre el desempeño de diversos servidores públicos adscritos en el estado de Yucatán, quienes fueron denunciados por explotar sexualmente a mujeres.

Cecilia Romero Castillo comparecerá hasta después de las elecciones del 5 de julio. La oposición acusó al PAN de obstruir las comparecencias antes de la jornada de votación.

La funcionaria deberá explicar los presuntos actos de corrupción de servidores públicos del INM relacionados con la trata de personas.

También le pedirán dar a conocer las acciones que tiendan a evitar un probable contubernio entre el crimen organizado y funcionarios públicos adscritos a esa dependencia.

Asimismo, piden a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contras las Mujeres y Trata de Personas, para que de conformidad a la materia de su competencia atraiga y actúe sobre el caso de Yucatán.

Y solicitan al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, asista en lo procedente a las ciudadanas extranjeras que presentaron la denuncia.

El miércoles de la semana pasada la Comisión Permanente del Congreso de la Unión retiró el dictamen aprobado por la Primera Comisión de la Comisión Permanente por la falta de firmas de sus integrantes y aunque finalmente se consiguieron las firmas de los diputados y senadores, fue hasta hoy que lo aprobó el pleno.

Por: Yazmín Rodríguez Corresponsal/El Universal

La Procuraduría de Justicia de Yucatán citará nuevamente al ex delegado de Servicios Migratorios en el estado, Hernán Vega Burgos, para que esclarezca las dudas que tiene la autoridad acerca de la adquisición de un vehículo y el posible enriquecimiento inexplicable en el que incurrió, informó el subprocurador Rafael Acosta Solís

MÉRIDA, Yuc.— La Procuraduría de Justicia de Yucatán citará nuevamente al ex delegado de Servicios Migratorios en el estado, Hernán Vega Burgos, para que esclarezca las dudas que tiene la autoridad acerca de la adquisición de un vehículo y el posible enriquecimiento inexplicable en el que incurrió, informó el subprocurador Rafael Acosta Solís.

En tanto, Hernán Vega Rafful, padre del ex delegado, vinculado al tráfico de indocumentados y a una red de prostitución en la que se involucraron a dos mujeres de Costa Rica, aseguró que su hijo es objeto de una venganza política y que es falso que estuvo metido en esos ilícitos.

Dos semanas después de la denuncia sobre una red de prostitución que opera en Yucatán y en la que se habló de la participación del ex delegado del Instituto Nacional de Migración (INM), la Procuraduría de Justicia sostuvo que habrá una nueva comparecencia, independientemente del expediente que ya tiene en su poder la delegación de la Procuraduría General de la República.

De acuerdo con Acosta Solís, la comparecencia de Vega Burgos, cuyo paradero se ignora, se haría para desahogar dudas acerca de la compra de un costoso vehículo en una agencia de Cancún y que estaría relacionado con el enriquecimiento ilícito del ex funcionario.

A su vez, el nuevo delegado del INM, Benito Rosel Issac, aseguró que no habrá “cacería de brujas” con el personal de la dependencia y que esperarán que el órgano fiscalizador del instituto decida los resultados de la investigación y si hay sanciones para los trabajadores que laboraban con Vega Burgos.

Rosel Issac se comprometió a que no se prestarán a ninguna prebenda o manipulación en cuanto a la documentación de migrantes y extranjeros en Yucatán.

Dijo que todos los trámites serán auditados y que de esa forma se garantizará la transparencia en lo que haga la institución dependiente de la Secretaría de Gobernación.

Por: Silvia Otero/El Universal

Tienen que pagar hasta 5 mil dls por un oficio de salida de nuestra nación

Hace siete meses ocho cubanos se entregaron de forma voluntaria a las autoridades migratorias en Chiapas para tramitar su oficio de salida de México; seis de ellos fueron retenidos bajo el riesgo de ser deportados a Cuba, aunque el acuerdo de repatriación que lo permite aún no era vigente, por lo que solicitaron un amparo para impedir su regreso a la isla.

Su abogado, Eduardo Matías López Ferrer, presidente de la Asociación Cívica Cubano Mexicana, así como de la Casa del Balsero y Migrante Cubano, no duda en señalar posibles actos de corrupción en este caso y aplicación discrecional de la ley, ya que a dos de los ocho cubanos que se entregaron el 19 de noviembre de 2008, se les permitió salir del país el 30 de diciembre rumbo a Miami, Florida.

“La corrupción que existe en el Instituto Nacional de Migración ha convertido a los cubanos en una mercancía cotizable”, sostiene el abogado, quien considera que se frenó el flujo de ilegales a México, pero se tradujo en que el “precio” por todos los trámites se ha incrementado: 5 mil dólares para un oficio de salida, acusa, pueden marcar la diferencia entre seguir el viaje a Estados Unidos o ser repatriado a Cuba.

El 20 de noviembre de 2008 entró en vigor el “Memorando de Entendimiento para Garantizar un Flujo Migratorio Legal, Ordenado y Seguro”, que firmaron México y Cuba, que fijó nuevas reglas para la deportación de los isleños, ante la implicación del crimen organizado en este tráfico ilegal de personas, incluyendo a grupos del narcotráfico como Los Zetas.

Antes, el gobierno cubano sólo aceptaba el regreso de sus ciudadanos que llegaban directamente a México, sin pasar por otro territorio; el criterio cambió y ahora se permite la repatriación de aquéllos que antes de ser detenidos en suelo mexicano estuvieron en algún país centroamericano, siempre y cuando se certifique que su salida de la isla no excedió los 90 días.

Un día antes de que entrara en vigor el referido memorando, ocho cubanos se entregaron en la estación migratoria de Tapachula, Chiapas.

El oficio emitido por el Departamento de Regulación Migratoria y sellado por la Delegación Regional Chiapas del INM, fechado el 19 de noviembre de 2008, que forma parte del expediente de amparo que solicitaron los cubanos, incluye los nombres de Yoandris Chinicle Deniz, de 18 años; Davel Enrique Marrero Morales y Mario Miguel Andino Isidrón, y señala que se entregaron de forma voluntaria.

En otra lista se suman Luis Gabriel Segura Álvarez, Ramiro Díaz Román, Layren Díaz Rodríguez, así como los esposos Raúl Cuesta Ortiz y María Magdalena Blanco Valencia.

El abogado detalló que este grupo ingresó a México por Guatemala, por lo que no podrían ser repatriados al provenir de otro país, si se toma en cuenta que el memorando no era vigente cuando se entregaron a las autoridades migratorias.

Los cubanos solicitaron su oficio de salida, ya que de acuerdo con el artículo 212 del Reglamento de la Ley General de Población, la expulsión del país puede sustituirse por este documento cuando un extranjero “lo solicite de manera voluntaria, como consecuencia de un trámite migratorio” o en el caso de extranjeros que no violen de forma “reiterada” la ley.

López Ferrer indicó que en el caso de los seis cubanos retenidos se cumplían estos requisitos, pero se les aplicó de forma retroactiva el memorando, además de que el trato que dio el INM a estos ocho casos fue discrecional.

“Las autoridades de la Coordinación de Control y Verificación del INM nos han dicho que cada caso es distinto cuando hemos pedido una explicación por esa decisión discrecional; el director Arturo Rábago incluso dijo que el expediente de los esposos era confidencial y argumentó causas médicas”, señala López.

Por: El Universal

Información dada por la Función Pública reporta criterios diferentes en castigos impuestos a acusados de anomalías

Señalado y denunciado con frecuencia por cohecho, violencia y, de manera indirecta, trata de personas contra cientos de extranjeros que se internan sin documentos en México, en los últimos seis años el Instituto Nacional de Migración (Inami) ha destituido a un funcionario por cohecho y a otro por extorsión.

Con base en información solicitada a la Secretaría de la Función Pública (SFP), en total, desde 2003 han sido dados de baja cuatro funcionarios de ese organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), aunque en dos casos no se clarifican las causas de la baja laboral.

La respuesta a la solicitud al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) con folio 0002700297208, destaca que las destituciones se dieron en el sexenio de Vicente Fox, mientras que en el actual sólo se han elevado los años de inhabilitación por estas irregularidades. A cambio, se ha impuesto el criterio de endurecer penas a los funcionarios que hacen mal uso del presupuesto del Inami.

Como ejemplo está el delegado regional José Othón Mancera López, quien fue inhabilitado 10 años por violación a las leyes y las normas presupuestales. En contraparte, el 28 de junio de 2005 el agente Julio Francisco Barajas Velázquez fue suspendido 15 días por “abuso de autoridad”, según la lista de la SFP.

La normatividad de la Segob ha permitido a algunos servidores públicos de la dependencia ser acusados por abuso de autoridad y regresar para volver a ser sancionados, como ocurrió el 24 de mayo con José Abraham Rivera Flores, coordinador administrativo de la Subsecretaría de Población y Asuntos Migratorios. Fue inhabilitado un año según el expediente 131/2002.

Rivera Flores regresó al año para ser suspendido ocho meses por violación de leyes y abusos presupuestales, como lo establece el expediente 0006/2004.

Un excepción a este criterio es el ex inspector de servicios migratorios José Luis Galicia García, quien el 28 de junio de 2005 fue destituido por abuso de autoridad, como indica su historial ER-005/04.

El único caso por cohecho y extorsión que ha causado baja, es del expediente 74/03, del oficial de servicios migratorios Jorge Armando Bustamente Núñez, quien salió del Inami el 31 de mayo de 2004. De ahí a la fecha sólo hay inhabilitaciones o suspensiones.

Otro cese de funciones fue el de Héctor Julián Sánchez Ventura, agente de protección al migrante del Grupo Beta, que el 28 de noviembre de 2003, según su expediente 084/00, fue por negligencia administrativa, término que no clarifica el motivo del despido.

Uno más es el de Braulio Arturo Serrano, ex subdelegado regional en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; su asunto está empañado por haber sido registrado en dos ocasiones: en una se le inhabilita por un año y, en la otra, se le destituye por negligencia administrativa en el expediente 466/01, en ambos casos.

Pero hay distintos criterios para sancionar por cohecho y extorsión. En febrero de 2005, los agentes Guillermo Enrique Ancona García y Jorge Atila Sánchez Espinosa alcanzaron 15 días de suspensión, tras comprobarse que tenían como víctimas a los migrantes, mientras Mancera López podrá regresar como funcionario hasta 2015. Sin embargo, de 2003 a 2005 hubo otros 37 casos por ese delito, por los que según la lista de la SFP, hubo penalizaciones que no rebasaron la quincena.

En más de 20 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a partir de 2006, se han subrayado casos de extorsión, cohecho y abusos de autoridad, entre otros, del Inami que promueven escenarios de prostitución, trata de personas, e incluso decesos por negligencia.

El 11 de enero de 2009, EL UNIVERSAL entrevistó a la comisionada del organismo, Guadalupe Cecilia Romero, quien señaló: “No tengo idea de cuántos sancionados tengamos, pero hemos aceptado todas”.

“Hemos cumplimentado a cabalidad el 100% de ellas, ya que luego de una denuncia, ésta se turna al órgano interno de control del Inami para iniciar un procedimiento junto con la SFP, y hemos presentado a algunos ante el Ministerio Público y hay otros encarcelados”, respondió en aquella ocasión.

Por ello, desde el 15 de diciembre de 2008 EL UNIVERSAL solicitó la información por medio del IFAI; tuvo respuesta negativa luego de unos 70 días, ya que hubo vacaciones de fin de año, la espera por ley y una prórroga:

“Durante el año 2008 se aplicaron sanciones administrativas a cinco servidores públicos consistentes en amonestación pública, suspensión e inhabilitación y destitución por actos de corrupción contra connacionales o migrantes de otros países”. El Inami no profundizó, ya que clasificó su respuesta como reservada, con el argumento de que no han terminado los procesos.

Sin embargo, en una petición similar, la SFP entregó datos con una docena de casos por cohecho, negligencia administrativa y abuso de autoridad que, contrario a lo que dice el INM, ya están finiquitados. En ese periodo, si bien hay un par de registros con suspensiones hasta por 45 días por extorsión, otros fueron sancionados por 10 años o más.

Según la información cotejada, de 2006 a 2008 la SFP contabiliza 169 expedientes; de ellos 76 son de inhabilitación, 92 suspensiones y dos amonestaciones públicas, que a su vez contienen 20 denuncias por cohecho y 10 por abuso de autoridad. La mayoría de casos de abuso de autoridad y extorsiones están documentados en 2006, año en el que comenzó a enviar sus recomendaciones la CNDH, aunque también desde ese año no hay destituciones.

Por: Ignacio Alvarado ÁlvarezEnviado
El Universal

Autoridades y ONG advierten que la violencia contra centroamericanos en esa zona de Chiapas es tal que las mujeres toman anticonceptivos, pues dan por hecho que sufrirán abuso en su trayecto a EU

HUIXTLA, Chis.— En Nicaragua le dijeron que aquí había un lugar llamado La Arrocera, y que era lo más espantoso del camino. Raúl Martínez recordó la advertencia al descender de la combi donde viajaba con otros ocho inmigrantes centroamericanos, antes de llegar a la caseta de revisión de El Hueyate, 45 kilómetros al norte de Tapachula. “Se me había olvidado lo que me contaron al salir: que ahí ocurren asesinatos, que te agarran y te desnudan, que violan, que te hacen lo que quieren. Y sentí temor”.

La Arrocera debe su nombre a una antigua bodega de granos construida a la orilla de la carretera, ya en desuso, pero en realidad es el ejido Aquiles Serdán, cuya vocación formal ha sido el cultivo de café. Comprende un terreno de vegetación densa, surcado por caminos de extravío, al pie de una cadena montañosa en el municipio de Huixtla, desde cuyas mesetas los asaltantes acechan el paso de quienes se internan. Lo que ocurre en ese trayecto de unos seis kilómetros de largo le ha dado fama, por la manera despiadada con que se ataca a niños, mujeres y hombres.

“La violencia en ese punto es atroz y ha ido en aumento”, dice Fermina Rodríguez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en Tapachula. “Hemos visto que los habitantes circunvecinos hallaron en los migrantes un modus vivendi. En La Arrocera se ha perdido cualquier vestigio de solidaridad hacia los centroamericanos”.

El Instituto Nacional de Migración (INM) reporta la captura de 700 indocumentados cada mes, desde principios de 2009. Es una cifra que revela poco, de acuerdo con el cónsul de El Salvador en Tapachula, Nelson Cuéllar. Nadie lleva un conteo preciso de las legiones que cruzan por esa trampa, afirma. Pero en el municipio de Arriaga, a 300 kilómetros, en los linderos con Oaxaca, Carlos Bartolo Solís, administrador del Hogar de la Misericordia, albergue al que llegan quienes han sobrevivido a La Arrocera, calcula que cada año pasan por ahí unos 200 mil centroamericanos.

No es una suma definitiva, aclara, pero “sí muy real”. Y de esa cantidad de peregrinos, autoridades y derechohumanistas han concentrado testimonios que les llevan a concluir que 80% de quienes se internan por esas brechas sufre alguna agresión.

Raúl Martínez, de 36 años, se internó a esa zona de muerte a las 4:30 de la tarde del domingo 8 de marzo. Avanzó con sus ocho compañeros de viaje unos 200 metros hacia lo más tupido de la vegetación. De pronto, todos detuvieron la marcha. Frente a ellos, “como a 100 varas”, un grupo de hombres armados obligaba a desnudarse a cinco migrantes indocumentados.

“Decidimos salirnos del camino, rodear todo lo que fuera posible La Arrocera. Nos metimos hasta los cerros, por entre alambres y piedras, llenos de miedo porque sentíamos que nos iban siguiendo a caballo. Se me arrancaron los zapatos. Tardamos como tres horas para dar la vuelta, casi 80 kilómetros. Agarramos hacia adentro, andábamos perdidos, buscando la carretera. Fue horrible”, relata seis días después, tendido en el patio del albergue de Arriaga, con los pies vendados, “muerto”, dice él.

En Nicaragua dejó un empleo como técnico de una compañía telefónica, en donde le pagaban 200 dólares mensuales, muy poco para su anhelo de establecer un negocio que le permita una vida digna para él, su esposa y sus dos hijos. Busca llegar a Houston, trabajar un par de años y volver a su país. Esta aspiración es el motor para los miles que se aventuran por La Arrocera, el cono de impunidad que, sostiene Carlos Bartolo Solís, ha hecho proliferar otras “arroceras”.

Tierra de impunes

Frente a La Arrocera, más próximo a la costa se extiende el ejido Monte Cristo, la ruta por la que atravesaba el “tren de la muerte”. Aún es una opción para quienes desean eludir por ese lado el punto de revisión de El Hueyate, pero igual es una trampa. En ese trayecto, el grupo Beta tiene registro de 30% de los asaltos ocurridos en Huixtla. Otros tres enclaves costeros de alto riesgo mantiene bajo inspección diaria ese grupo de atención a inmigrantes: El Panteón, en Huehuetán; por los linderos de la caseta de Echegaray, en Pijijiapan, y El Basurero, en Arriaga.

“Independientemente de la corrupción que existe en la zona, en esos cuatro puntos hoy suceden cosas terribles, como la violación sexual de mujeres y hombres”, dice uno de los agentes, que habla bajo anonimato. De enero a la fecha, el grupo Beta lleva contabilizados cuatro asesinatos con arma de fuego.

En el exterior de la Casa del Migrante de Tapachula, una veintena de centroamericanos reposa sobre la acera. Toman un descanso tras haber cruzado la frontera por Ciudad Hidalgo. Al amanecer reemprenderán la travesía y todos habrán de cruzar por cada uno de los trayectos enumerados por el agente del grupo Beta. Ninguno denota preocupación.

“Desde que sale uno, sabe a lo que va”, explica al día siguiente Heriberto, un salvadoreño de 19 años que dos días antes estuvo en la misma condición de espera, en el albergue de Tapachula. No sufrió un ataque en La Arrocera por obra de la casualidad: en Tecún Umán, la frontera guatemalteca, fue despojado de los 200 pesos que traía. Al ejido Aquiles Serdán penetró sin nada, acompañado de otros migrantes de El Salvador y Nicaragua. Les salieron seis hombres armados con M-16, cuenta, y tras desnudarlos y quitarles lo poco que llevaban, los escoltaron hasta la brecha de salida. “No hubo violencia porque nadie se resistió”.

Cuatro años atrás una prima hermana suya corrió con menos suerte. Siete individuos la ultrajaron frente al grupo con el que viajaba. Tenía 23 años. “Vivió muchos meses con el trauma, pero ya se recuperó y vive con su esposo y dos hijos en Atlanta”, refiere Heriberto. Hacia allá se dirige. Ella y sus hermanos han pagado a un coyote para que lo reciba en Celaya y de ahí lo lleve hasta Georgia. El muchacho es una estadística rara, de los pocos que logran cruzar sin mayor vejación que el robo de sus 200 pesos, aunque fuera también de las trincheras de criminales que hay en el sur chiapaneco.

“No existe un control del territorio, y esa es la gran preocupación que tenemos los cónsules centroamericanos”, declara Nelson Cuéllar, el diplomático salvadoreño. “Nosotros hemos denunciado reiteradamente lo que ocurre ante las autoridades de los tres niveles de gobierno que hay en Chiapas, y ellos nos dicen que se combaten esos delitos, pero creemos que no se dan abasto. Los crímenes son cada vez mayores y mucho más violentos”.

La oficina dirigida por Cuéllar fue notificada en 2008 de 12 mil 200 deportaciones de salvadoreños, por el INM. De ellos, 40% fueron mujeres. La mayoría sufrió un ataque violento, indica el cónsul.

Mujeres en trueque

En 2003, el huracán Stan devastó buena parte del estado, modificando con ello las rutas tradicionales seguidas por los migrantes. El cambio de caminos adoptados desde entonces condujo a un escenario inédito del crimen y la violencia, dice Fermina Rodríguez, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.

Las vías del ferrocarril que seguían los centroamericanos dejaron de existir a causa del huracán y fueron sustituidas por los caminos de extravío. Desde entonces, los indocumentados se internan en los bosques para llegar a Arriaga, donde se montan al tren. La consecuencia del cambio impactó de inmediato en los registros de extravíos, mordeduras de serpientes, asaltos, violaciones sexuales, secuestros y asesinatos, según los informes de Rodríguez.

“La persistencia del delito nos preocupa”, dice a su vez Luis Flores, quien trabaja en Chiapas para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). “El problema es que hay muchísima gente que se aprovecha de ellos, y mi impresión es que no solamente se trata de delincuencia común; esto sin duda debe estar vinculado a cuestiones de discriminación”.

Los ataques sexuales contra mujeres son un punto sensible para la OIM, pese a la naturalidad con que se refieren por tanto que ocurren. Flores contabilizó violaciones en ocho de cada 10 mujeres que atravesaron La Arrocera los años recientes. “Eso ha provocado que muchas de ellas tomen precauciones dramáticas, como tomar anticonceptivos, pues dan por hecho que serán ultrajadas”.

Si no es en La Arrocera o los otros puntos críticos de la ruta que siguen los migrantes, el sexo forzado es una constante durante toda la travesía. Flores dice que muchas buscan el cobijo de alguno de los varones del grupo para evitar una violación con el resto, pero también se tiene registro de que las han ofrecido a cambio de ser perdonados por los forajidos que les salen al paso en aquellos lugares. “Hasta hace muy poco la palabra ‘cuerpomatic’ era de uso corriente. Y eso nos dice todo”.

Génesis Alejandra Rodríguez tiene 21 años y un hijo de tres. Hasta febrero laboró como operadora en una maquiladora de la capital salvadoreña. La planta cerró y decidió seguir la misma ruta que su madre cuatro años atrás. Viaja sin coyote, guiada telefónicamente por Janeth, su mamá, que la espera en Pasadena, California. Tiene miedo, dice, pero la necesidad es más apremiante.

“Primero Dios, que no pase nada, pero desde un principio uno sabe a lo que va a exponerse. Si pasa (una violación) es algo que ya sabíamos que iba a suceder. El que diga que se viene creyendo que no le va a pasar nada, es ignorante, por decirlo así”, dice.

En 2004 su madre fue golpeada salvajemente en La Arrocera. Llevaba ocultos en la hebilla del cinturón 700 pesos. Los asaltantes la hicieron desnudarse y le hallaron los billetes. “Le dejaron un morete en el ojo”, describe Génesis. Por eso su madre no quería que ella se aventurara a los mismos territorios peligrosos. “Estoy mentalmente preparada para afrontar lo que venga, porque a mí no me anduvieron con mentiras ni nada”.

Génesis se mueve con el mismo motor del anhelo por una mejor vida que el nicaragüense Raúl Martínez y la multitud de migrantes que los antecedió. En Estados Unidos se quedará el tiempo que dure en reunir dinero, dice, para comprarse una casa y ofrecerle “un futuro digno” a su hijo. Lo mismo que Martínez, caminó kilómetros por los cerros circundantes a La Arrocera y así llegó al albergue de Arriaga, extenuada pero ilesa.

El 6 de febrero anterior, 26 madres de salvadoreños perdidos en el trayecto hacia la frontera norte emprendieron una caminata hasta el lugar en el que se encontraba Génesis el 13 de marzo. A las nueve de la mañana del 11 de febrero, las mujeres, integrantes del Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos, hicieron una parada en La Arrocera, donde oraron y clavaron 19 cruces simbólicas para sus 84 desaparecidos desde 2004.

“Fue el momento más dramático de toda la ruta”, evoca Luis Perdomo, el fundador de aquel comité. “La gente sintió como que estaba en un territorio sagrado, como que ahí había algo de su gente. Aquello se convirtió en un drama, producto del conocimiento de que en la zona se han dado todo este tipo de atrocidades, y de la conciencia también de que hay varias ‘arroceras’ más a través del camino”.